LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

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Teodoro Rentería Arróyave

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Este domingo 3 de mayo se conmemoró EL DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. En México como en muchas otras naciones el gremio nada tiene que celebrar. En cambio, la república africana Zambia se convirtió en el epicentro global de la Libertad de Prensa 2026, según la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

Con toda oportunidad informamos que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, acusado de nexos con el narco por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitó licencia temporal, misma que fue aprobada por el Congreso de la entidad y designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, que se desempeñaba como secretaria de Gobierno, quien asumió el cargo desde el sábado pasado.

De inmediato se provocaron toda clase comentarios, entre otros que no era suficiente la petición de licencia porque conservaba “el fuero” y que se hacía necesaria su renuncia, al respecto el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea explicó en sus redes sociales, que dicha afirmación es incorrecta y explicó:

“La inmunidad procesal, mal llamada 'fuero', es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución.

El 'fuero' protege a la función no a la persona. Quien obtiene una licencia y ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal”, precisó Zaldívar.

Ahora bien, ante la común costumbre de cierta comentocracia que acusa, juzga y sentencia para impactar en la sociedad, inclusive con epitetos soeces, nos referiremos a la Presunción de Inocencia, que en México es un derecho fundamental y principio jurídico que establece que “toda persona acusada de un delito se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante sentencia firme”.

Es más, “a la presunción de inocencia se le considera un principio esencial del derecho penal que protege los derechos individuales de los acusados, asegurando que la carga de la prueba recaiga en la acusación y no en la persona imputada. Este principio está respaldado por tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que establecen que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. En México, la presunción de inocencia se encuentra consagrada en la Constitución.

Tengo a la vista en pantalla el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos que data del 4 de mayo de 1978, instrumento que consta de 23 artículos que tiene como objetivo principal regular la entrega de personas acusadas o condenadas por delitos graves, con el fin de ser juzgadas o cumplir su condena en el país que solicita la extradición.

En ese tratado bilateral se establecen las condiciones bajo las que México y esa nación vecina pueden requerir y aceptar una solicitud de extradición. El artículo 2 estipula que:

“Darán lugar a la extradición las conductas intencionales que ... sean punibles conforme a las leyes de ambas Partes Contratantes con una pena de privación de la libertad cuyo máximo no sea menor de un año. También por la tentativa de cometer un delito; la asociación para prepararlo y ejecutarlo; o la participación de su ejecución”.

También pacta que “la extradición sólo se concederá si se determina que las pruebas son suficientes. Si el delito por el cual se solicita la entrega de alguna persona se fundamenta en razones de carácter político, no procederá”.

Si todo esto se cumple y se comprueba, que se proceda en consecuencia contra el gobernador Rocha Moya y los otros nueve funcionarios señalados, lo que no es válido es el linchamiento político y mediático.